Gabriel Gonzalo VERGARA MUÑOZ

El 16 de octubre de 1973 quince personas que permanecían prisioneras en la Cárcel de La Serena fueron fusiladas en el Regimiento «Arica», de esa ciudad :

- Oscar Gastón AEDO HERRERA, 23 años, técnico forestal, militante comunista. Fue detenido por Carabineros de la Comisaría de Salamanca el 6 de octubre. Permaneció incomunicado hasta el 12 de octubre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de Illapel y desde allí conducido al Regimiento de La Serena, recinto al cual llega en la madrugada del 16 de octubre.

- Carlos Enrique ALCAYAGA VARELA, 38 años, albañil, Secretario Regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Gobernador de Vicuña y militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). Fue detenido el l2 de septiembre por Carabineros de Vicuña y llevado a la Comisaría de esa ciudad, lugar desde el cual es trasladado a la Cárcel de La Serena.

- José Eduardo ARAYA GONZALEZ, 23 años, campesino, militante del Partido Comunista. Fue detenido en Salamanca y llevado a la Cárcel de esa localidad; al cabo de cuatro días es trasladado a la Cárcel de Illapel, lugar en el cual permanece hasta el l5 de octubre , fecha en que es conducido a la Cárcel de La Serena.

- Marcos Enrique BARRANTES ALCAYAGA, 26 años, supervisor en la Planta de Manufacturas de Neumáticos S.A. (MANESA), militante socialista. Fue detenido en su lugar de trabajo el 16 de septiembre por efectivos militares, conducido al Regimiento de La Serena y desde allí a la Cárcel local.

- Jorge Abel CONTRERAS GODOY, 31 años, campesino, sin militancia política conocida. Fue detenido por Carabineros, conducido a la Comisaría de Illapel y desde allí a La Serena. Permaneció incomunicado.

- Hipólito Pedro CORTES ALVAREZ, 43 años, obrero, funcionario municipal, dirigente del Sindicato de la Construcción y militante del Partido Comunista. Detenido en su lugar de trabajo por Carabineros de Ovalle, trasladado hasta la Comisaría de esa localidad y desde allí a la Cárcel de La Serena.

- Oscar Armando CORTES CORTES, 48 años, campesino, militante del Partido Comunista. El 22 de septiembre fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros de Ovalle y llevado a la Comisaría. Posteriormente es trasladado a la Cárcel de La Serena.

- Víctor Fernando ESCOBAR ASTUDILLO, 22 años, técnico agrícola, funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) y Secretario Comunal del Partido Comunista. El 1º de octubre es detenido por Carabineros de Salamanca y conducido a la Subcomisaría de esa localidad. Trasladado a la Cárcel de Illapel y luego a la Cárcel de La Serena.

- Jorge Mario JORDAN DOMIC, 29 años, médico, militante del Partido Comunista. Se presentó a la Comisaría de Ovalle el 12 de septiembre luego de ser requerido por un bando. Estuvo detenido un día y luego permaneció bajo arresto domiciliario. El l6 de septiembre es detenido nuevamente y conducido al Regimiento de La Serena, desde allí es llevado a la Cárcel de la ciudad.

- Manuel Jachadur MARCARIAN JAMETT, 31 años, agricultor, militante del Partido Comunista. Detenido el 16 de septiembre, en Los Vilos, por efectivos de Carabineros. Fue conducido a la Cárcel de Illapel, Recinto en el cual permanece hasta el 18 de septiembre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de La Serena.

- Jorge Ovidio OSORIO ZAMORA, 35 años, profesor universitario, militante socialista. Fue detenido por funcionarios de Investigaciones en las dependencias de MANESA el l7 de septiembre y conducido a la Cárcel de La Serena.

- Jorge Washington PEÑA HEN, 45 años, músico y profesor universitario. Militante socialista. Es detenido el l9 de septiembre por funcionarios de Carabineros de La Serena, trasladado a la Comisaría y luego a la Cárcel de esa ciudad, Recinto en el cual es visitado por su familia.

- Mario Alberto RAMIREZ SEPULVEDA, 44 años, profesor universitario, militante del Partido Socialista. Se presentó al Cuartel de Investigaciones de La Serena el 27 de septiembre luego de ser citado. Fue detenido e inmediatamente trasladado al Regimiento y luego a la Cárcel de esa ciudad. Su familia sólo pudo visitarlo en dos oportunidades. La mayoría del tiempo permaneció incomunicado.

- Roberto GUZMAN SANTA CRUZ, 35 años, abogado, asesor de la Compañía Minera Santa Fé y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). El l4 de septiembre se presenta voluntariamente al Retén de Incahuasi luego de informarse que había sido requerido por las autoridades de La Serena. Es detenido y desde allí conducido a la Cárcel de La Serena. Procesado por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. En Consejo de Guerra del 27 de septiembre es condenado a la pena de presidio por 5 años. El 26 de junio de 1975, cuando ya había sido ejecutado, por decisión del Comandante en Jefe, se modificó la sentencia y su condena fue rebajada a 541 días.

- Gabriel Gonzalo VERGARA MUÑOZ, 22 años, campesino, militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU). Fue detenido el 12 de octubre de l973 por efectivos de Carabineros de Ovalle; luego de permanecer dos días en la Comisaría de esa localidad, es trasladado al Regimiento «Arica» de La Serena. En ambos lugares permaneció incomunicado. Luego es trasladado a la Cárcel de La Serena.

La Jefatura de Plaza, a través de la Prensa, entregó un comunicado oficial en el cual señala:

«Se informa a la ciudadanía que hoy 16 de octubre a las 16:00 horas fueron ejecutadas las siguientes personas conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempos de Guerra...».

Respecto de Mario Ramírez, Jorge Peña, Marcos Barrantes, y Jorge Osorio, se dijo que: «habían participado en la adquisición y distribución de armas de fuego y en actividades de instrucción y organización paramilitar con fines de atentar contra las Fuerzas Armadas y Carabineros y de personas de la zona».

Respecto de Oscar Aedo Herrera, Víctor Escobar, José Araya y Jorge Contreras, se dijo que: «formaban parte de una agrupación terrorista que tenía planificado para el 17 de septiembre apoderarse del Cuartel de Carabineros de Salamanca, matar al personal y a los hijos de éstos mayores de 8 años, además de eliminar físicamente a un grupo de personas de la ciudad que alcanzaba un número de 30, cuya nómina no es del caso dar a conocer por razones obvias».

Respecto de Hipólito Cortés Alvarez, Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Oscar Cortés, se dijo que habían: «ocultado bajo tierra una gran cantidad de quince armas, abundante munición, explosivos, con la intención de atacar a Carabineros de Ovalle el día 17 de septiembre». Se señaló, además, que habían «participado como instructores de guerrillas en la zona».

Respecto de Carlos Alcayaga, se señaló que había sido fusilado por: «sustraer explosivos a viva fuerza desde el polvorín de la mina Contador, en Vicuña, el día 11 de septiembre de 1973, explosivo que le fue encontrado oculto bajo tierra y listo para ser usado» y que «era Instructor de manejo de explosivos en una Escuela de Guerrilleros que funcionaba en Vicuña».

Respecto de Manuel Marcarian, se dijo que fue ejecutado por: «haberle encontrado explosivos para asaltar el Cuartel de la Subcomisaría de Los Vilos, haciendo caso omiso de los Bandos y de las advertencias hechas personalmente por Carabineros».

Respecto de Roberto Guzmán, se dijo que su ejecución fue: «por incitar a los mineros del Campamento de Desvío Norte y sus alrededores a apoderarse de los polvorines y oponer resistencia armada a la Junta de Gobierno».

Los cuerpos no fueron entregados a las familias para su sepultación.


La información oficial entregada por la autoridad militar de la zona, da cuenta de la celebración de un Consejo de Guerra el día 16 de Octubre el que habría dispuesto las condenas a muerte de los quince detenidos; y que el tribunal sentenciador habría «venido especialmente de Santiago «.

Esta Comisión acredita la presencia en la zona de una comitiva especial llegada desde Santiago, con facultades para revisar la situación de los detenidos del lugar. Se han recibido testimonios verosímiles acerca de las nóminas de los arrestados por las autoridades militares de dicha comitiva, y de la elección que éstas hicieron de las personas cuya situación debía ser revisada.

En relación a todas esta muertes la Comisión recibió abundantes y calificados testimonios concordantes en ciertos hechos : los 15 prisioneros individualizados precedentemente fueron ejecutados al margen de todo proceso legal por agentes del Estado. Avalan dicha convicción, los siguientes antecedentes:

- Testimonios verosímiles respecto de la secuencia en que se produjeron los hechos que condujeron a la muerte de los quince detenidos, ya que casi no medió tiempo entre la revisión de los casos y la ejecución, lo que hace imposible que en ese lapso se desarrolle un Consejo de Guerra ajustado a Derecho.
- El hecho que, de haberse celebrado el supuesto Consejo de Guerra, no existió derecho a defensa de los acusados, toda vez que no hubo presencia de abogados ni posibilidad alguna de efectuar descargos. Incluso, Roberto Guzmán, según se señaló precedentemente, ya había sido condenado por un Consejo de Guerra a una pena de cinco años, la que fue rebajada en el año 1975 a 541 días.
- Pese a los requerimientos e indagaciones reiteradas de la Comisión no pudo obtenerse copia de una sentencia judicial o de cualquier pieza procesal referidas al juicio que habría sido realizado en contra de los quince ejecutados.

Por tanto y considerando que, los acusados carecieron de toda posibilidad de defensa; los cargos no aparecen acreditados en documento alguno a que esta Comisión haya tenido acceso. Esta Comisión se ha formado la convicción que las quince ejecuciones constituyen una violación de los derechos humanos atribuíble a agentes del Estado.


Informe Rettig
 

OFELIO LAZO LAZO

 

  

Rut   : 2.793.771 de Santiago
F. Nacim  : 08-12-30, 43 años a la fecha de su detención
Domicilio : Ingeniero Giroz 5871, Villa Manuel Rodríguez, Pudahuel, Santiago
E. Civil : Casado
Actividad : Carpintero
C.Repres. : Militante del Partido Socialista
F.Detenc. : 30 de julio de 1974
                                                                     

SITUACION REPRESIVA

            Ofelio Lazo Lazo, casado, Carpintero, militante del Partido Socialista, fue detenido el 30 de julio de 1974 por agentes de la DINA al mando de Osvaldo "Guatón" Romo que llegaron hasta su casa en la comuna de Pudahuel cerca de la 01:00 de la madrugada.

            Los aprehensores golpearon la reja y, sin esperar que se les abriera, la saltaron encontrándose el afectado con ellos en el patio donde estuvieron conversando por un rato, según informara su cónyuge Alicia Pastore Nagel.

            Al rato Ofelio Lazo entró a la casa a vestirse pues los agentes le ordenaron hacerlo ya que lo llevarían a "prestar unas declaraciones", agregando que de él dependía que la operación terminara luego; lo acompañaban 4 agentes que registraron todo el inmueble, mientras afuera, metralleta en mano, esperaba otro que vestía uniforme de campaña.

            Ofelio Lazo, mientras se vestía se agachó y logró decirle a su cónyuge: "Está Luis afuera". Se refería a Juan Antonio Barrios Barros, amigo y compañero de partido del afectado.

            Al ver que se retiraban con su marido, Alicia Pastore Nagel preguntó a los agentes dónde podría buscarlo, a lo que uno de ellos le dijo: "En cuatro días más vaya al Ministerio de Defensa a preguntar por él. Todo depende de lo que declare en el interrogatorio". Luego se retiraron del lugar pudiendo escuchar Alicia Pastore Nagel que ellos decían que se dirigían a Peñaflor.

            Posteriormente, se logró establecer que esa misma noche desde su casa Ofelio Lazo fue conducido por el grupo de agentes de la DINA hasta el domicilio de su amigo y ex compañero de trabajo Eduardo Alarcón Jara, a quien detuvieron a las 02.30 horas de la madrugada. Esa misma noche los agentes detuvieron en su domicilio en la localidad de Peñaflor a Gumercindo Machuca Morales, hasta allí los aprehensores llegaron con Ramón Núñez Espinoza a quien habían detenido el 25 de julio de 1974 y con Ofelio Lazo.

            Las informaciones aportadas por los diversos testigos de las distintas detenciones han permitido establecer que los vehículos utilizados fueron similares, una camioneta Chevrolet y un Fiat 600; además la descripción de los agentes, confirma que en todas actuó Osvaldo "Guatón" Romo, como además el hecho que uno de ellos vestía traje militar de campaña, etc.

            El diario La Segunda publicó posteriormente una información aparecida en la revista brasilera "O'DIA" respecto de una lista de militantes del MIR que habrían muerto en enfrentamientos con fuerzas de seguridad trasandinas, entre los que figuraba el nombre de Ofelio Lazo. Otra lista apareció en el semanario argentino "LEA". El vespertino chileno titulaba su artículo: "Matan a miristas como ratas". El caso es conocido como el de "los 119", ya que fueron 119 chilenos que, luego de haber sido detenidos por los organismos de seguridad del régimen militar chileno, aparecieron en las mencionadas listas. Dicha información jamás fue confirmada ni por los gobiernos argentino y brasilero ni por las autoridades militares chilenas, estas informan que no constaban las muertes ni que había certificación de salida del país de estas personas.

            Alicia Pastore Nagel, siguiendo las indicaciones de los aprehensores se dirigió el 3 de agosto hasta el Ministerio de Defensa, donde le informaron no tener antecedentes de su marido. Igual información obtuvo en la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos.

            El 19 de noviembre de 1974 Alicia Pastore Nagel envió una carta al Capitán General Augusto Pinochet, jefe de la Junta Militar, en la que le exponía la situación de su marido. En la respuesta se le indicó "que la solicitud que ha tenido a bien formular a S.E. el Jefe Supremo de la Nación, General D. Augusto Pinochet Ugarte, deberá dirigirla directamente al Ministerio del Interior".

            Ofelio Lazo actualmente permanece en calidad de detenido desaparecido.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 16 de agosto de 1974 se presentó un Recurso de Amparo en favor de Ofelio Lazo Lazo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que ingresó con el rol Nº935-74. Junto con ser rechazado fue remitido un Oficio al 9º Juzgado del Crimen a fin de que se instruyera un sumario por presunta desgracia del afectado. La causa quedó rolada con el Nº12.725-6, iniciada el 20 de agosto de 1974.

            El 2 de septiembre de 1974 la Policía de Investigaciones comunicó al Tribunal que el afectado no fue detenido por personal de su servicio.

            El 13 de enero de 1975 el Juez declaró cerrado el sumario y sobreseyó temporalmente la causa ya que no se logró establecer la comisión de algún delito. Sin embargo, el 3 de abril la Corte de Apelaciones revocó el fallo por estimar que la investigación se encontraba incompleta, reponiéndose la causa al estado de sumario.

            El Ministerio del Interior informó al Tribunal que el afectado no se encontraba detenido por orden de su Secretaría. Firmaba el Oficio con fecha de 28 de mayo de 1975, el General de División de Ejército Raúl Benavides Escobar.

            Similar respuesta envió la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos el 9 de septiembre de 1975. Además Policía internacional comunicó al Tribunal que el afectado no registraba salida del país.

            El 22 de septiembre de 1975 se declaró cerrado el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa hasta que se presenten nuevos antecedentes que permitan establecer la comisión de delito. La resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones el 11 de noviembre de 1975.

            El 13 de junio de 1980 se presentó una querella Criminal por secuestro ante el Ministro en Visita Servando Jordán. En la oportunidad se presentaron querellas criminales por el secuestro de Juan Barrios Barros, Gumercindo Machuca Morales, Eduardo Alarcón Jara, entre otras. En ellas se solicitaba la acumulación de todas las causas por estar establecida la relación entre los casos. El Ministro Jordán solicitó las respectivas causas a los juzgados correspondientes, ya que se encontraban archivadas, otras ya estaban en la Justicia Militar. Por tanto, el 25 de junio de 1980 resolvió remitir las querellas a la 2ª Fiscalía Militar, con el fin de que allí se resolviera la acumulación por ser de su competencia la tramitación y resolución de la acumulación de las querellas.

            El 10 de septiembre de 1981 la Justicia Militar aceptó la competencia para conocer las causas derivadas por el Ministro Jordán, acumulándolas a la causa rol Nº553-78 proceso contra Manuel Contreras y otros por secuestro reiterado de personas. (Antecedentes completos de la querella en contra de Manuel Contreras, verlos en el caso de Eduardo Alarcón Jara.)

            Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia la que, al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.

  (Correcciones enviada por su hija Ruth) 

dedicado a mi gran amiga Ruth Lazo Pastore: "no estarás sola" Ismael Serrano

Jorge Mario JORDAN DOMIC

El 16 de octubre de 1973 quince personas que permanecían prisioneras en la Cárcel de La Serena fueron fusiladas en el Regimiento "Arica", de esa ciudad:

Oscar Gastón AEDO HERRERA, 23 años, técnico forestal, militante comunista.  Fue detenido por Carabineros de la Comisaría de Salamanca el 6 de octubre.  Permaneció incomunicado hasta el 12 de octubre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de Illapel y desde allí conducido al Regimiento de La Serena, recinto al cual llega en la madrugada del 16 de octubre.           

Carlos Enrique ALCAYAGA VARELA, 38 años, albañil, Secretario Regional de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Gobernador de Vicuña y militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU).  Fue detenido el l2 de septiembre por Carabineros de Vicuña y llevado a la Comisaría de esa ciudad, lugar desde el cual es trasladado a la Cárcel de La Serena.

José Eduardo ARAYA GONZALEZ, 23 años, campesino, militante del Partido Comunista.  Fue detenido en Salamanca y llevado a la Cárcel de esa localidad; al cabo de cuatro días es trasladado a la Cárcel de Illapel, lugar en el cual permanece hasta el l5 de octubre, fecha en que es conducido a la Cárcel de La Serena.

Marcos Enrique BARRANTES ALCAYAGA, 26 años, supervisor en la Planta de Manufacturas de Neumáticos S.A.  (MANESA), militante socialista.  Fue detenido en su lugar de trabajo el 16 de septiembre por efectivos militares, conducido al Regimiento de La Serena y desde allí a la Cárcel local.

Jorge Abel CONTRERAS GODOY, 31 años, campesino, sin militancia política conocida.  Fue detenido por Carabineros, conducido a la Comisaría de Illapel y desde allí a La Serena.  Permaneció incomunicado.

Hipólito Pedro CORTES ALVAREZ, 43 años, obrero, funcionario municipal, dirigente del Sindicato de la Construcción y militante del Partido Comunista.  Detenido en su lugar de trabajo por Carabineros de Ovalle, trasladado hasta la Comisaría de esa localidad y desde allí a la Cárcel de La Serena.

Oscar Armando CORTES CORTES, 48 años, campesino, militante del Partido Comunista.  El 22 de septiembre fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros de Ovalle y llevado a la Comisaría.  Posteriormente es trasladado a la Cárcel de La Serena.

  Víctor Fernando ESCOBAR ASTUDILLO, 22 años, técnico agrícola, funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) y Secretario Comunal del Partido Comunista.  El 1º de octubre es detenido por Carabineros de Salamanca y conducido a la Subcomisaría de esa localidad.  Trasladado a la Cárcel de Illapel y luego a la Cárcel de La Serena.

Jorge Mario JORDAN DOMIC, 29 años, médico, militante del Partido Comunista.  Se presentó a la Comisaría de Ovalle el 12 de septiembre luego de ser requerido por un bando.  Estuvo detenido un día y luego permaneció bajo arresto domiciliario.  El l6 de septiembre es detenido nuevamente y conducido al Regimiento de La Serena, desde allí es llevado a la Cárcel de la ciudad.

  Manuel Jachadur MARCARIAN JAMETT, 31 años, agricultor, militante del Partido Comunista.  Detenido el 16 de septiembre, en Los Vilos, por efectivos de Carabineros.  Fue conducido a la Cárcel de Illapel, Recinto en el cual permanece hasta el 18 de septiembre, fecha en que es trasladado a la Cárcel de La Serena.

Jorge Ovidio OSORIO ZAMORA, 35 años, profesor universitario, militante socialista.  Fue detenido por funcionarios de Investigaciones en las dependencias de MANESA el l7 de septiembre y conducido a la Cárcel de La Serena.

Jorge Washington PEÑA HEN, 45 años, músico y profesor universitario.  Militante socialista.  Es detenido el l9 de septiembre por funcionarios de Carabineros de La Serena, trasladado a la Comisaría y luego a la Cárcel de esa ciudad, Recinto en el cual es visitado por su familia.

Mario Alberto RAMIREZ SEPULVEDA, 44 años, profesor universitario, militante del Partido Socialista.  Se presentó al Cuartel de Investigaciones de La Serena el 27 de septiembre luego de ser citado.  Fue detenido e inmediatamente trasladado al Regimiento y luego a la Cárcel de esa ciudad.  Su familia sólo pudo visitarlo en dos oportunidades.  La mayoría del tiempo permaneció incomunicado.

Roberto GUZMAN SANTA CRUZ, 35 años, abogado, asesor de la Compañía Minera Santa Fé y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).  El l4 de septiembre se presenta voluntariamente al Retén de Incahuasi luego de informarse que había sido requerido por las autoridades de La Serena.  Es detenido y desde allí conducido a la Cárcel de La Serena.  Procesado por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado.  En Consejo de Guerra del 27 de septiembre es condenado a la pena de presidio por 5 años.  El 26 de junio de 1975, cuando ya había sido ejecutado, por decisión del Comandante en Jefe, se modificó la sentencia y su condena fue rebajada a 541 días.

Gabriel Gonzalo VERGARA MUÑOZ, 22 años, campesino, militante del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU).  Fue detenido el 12 de octubre de l973 por efectivos de Carabineros de Ovalle; luego de permanecer dos días en la Comisaría de esa localidad, es trasladado al Regimiento "Arica" de La Serena.  En ambos lugares permaneció incomunicado.  Luego es trasladado a la Cárcel de La Serena.

La Jefatura de Plaza, a través de la Prensa, entregó un comunicado oficial en el cual señala:

"Se informa a la ciudadanía que hoy 16 de octubre a las 16:00 horas fueron ejecutadas las siguientes personas conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempos de Guerra...".

Respecto de Mario Ramírez, Jorge Peña, Marcos Barrantes, y Jorge Osorio, se dijo que: "habían participado en la adquisición y distribución de armas de fuego y en actividades de instrucción y organización paramilitar con fines de atentar contra las Fuerzas Armadas y Carabineros y de personas de la zona".

Respecto de Oscar Aedo Herrera, Víctor Escobar, José Araya y Jorge Contreras, se dijo que: "formaban parte de una agrupación terrorista que tenía planificado para el 17 de septiembre apoderarse del Cuartel de Carabineros de Salamanca, matar al personal y a los hijos de éstos mayores de 8 años, además de eliminar físicamente a un grupo de personas de la ciudad que alcanzaba un número de 30, cuya nómina no es del caso dar a conocer por razones obvias".

Respecto de Hipólito Cortés Alvarez, Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Oscar Cortés, se dijo que habían: "ocultado bajo tierra una gran cantidad de quince armas, abundante munición, explosivos, con la intención de atacar a Carabineros de Ovalle el día 17 de septiembre".  Se señaló, además, que habían "participado como instructores de guerrillas en la zona".

Respecto de Carlos Alcayaga, se señaló que había sido fusilado por: "sustraer explosivos a viva fuerza desde el polvorín de la mina Contador, en Vicuña, el día 11 de septiembre de 1973, explosivo que le fue encontrado oculto bajo tierra y listo para ser usado" y que "era Instructor de manejo de explosivos en una Escuela de Guerrilleros que funcionaba en Vicuña".

Respecto de Manuel Marcarian, se dijo que fue ejecutado por: "haberle encontrado explosivos para asaltar el Cuartel de la Subcomisaría de Los Vilos, haciendo caso omiso de los Bandos y de las advertencias hechas personalmente por Carabineros".

Respecto de Roberto Guzmán, se dijo que su ejecución fue: "por incitar a los mineros del Campamento de Desvío Norte y sus alrededores a apoderarse de los polvorines y oponer resistencia armada a la Junta de Gobierno".

Los cuerpos no fueron entregados a las familias para su sepultación.

La información oficial entregada por la autoridad militar de la zona, da cuenta de la celebración de un Consejo de Guerra el día 16 de Octubre el que habría dispuesto las condenas a muerte de los quince detenidos; y que el tribunal sentenciador habría "venido especialmente de Santiago ".

Esta Comisión acredita la presencia en la zona de una comitiva especial llegada desde Santiago, con facultades para revisar la situación de los detenidos del lugar.  Se han recibido testimonios verosímiles acerca de las nóminas de los arrestados por las autoridades militares de dicha comitiva, y de la elección que éstas hicieron de las personas cuya situación debía ser revisada.

 En relación a todas esta muertes la Comisión recibió abundantes y calificados testimonios concordantes en ciertos hechos: Los 15 prisioneros individualizados precedentemente fueron ejecutados al margen de todo proceso legal por agentes del Estado.  Avalan dicha convicción, los siguientes antecedentes:

Testimonios verosímiles respecto de la secuencia en que se produjeron los hechos que condujeron a la muerte de los quince detenidos, ya que casi no medió tiempo entre la revisión de los casos y la ejecución, lo que hace imposible que en ese lapso se desarrolle un Consejo de Guerra ajustado a Derecho. 

El hecho que, de haberse celebrado el supuesto Consejo de Guerra, no existió derecho a defensa de los acusados, toda vez que no hubo presencia de abogados ni posibilidad alguna de efectuar descargos.  Incluso, Roberto Guzmán, según se señaló precedentemente, ya había sido condenado por un Consejo de Guerra a una pena de cinco años, la que fue rebajada en el año 1975 a 541 días. 

Pese a los requerimientos e indagaciones reiteradas de la Comisión no pudo obtenerse copia de una sentencia judicial o de cualquier pieza procesal referidas al juicio que habría sido realizado en contra de los quince ejecutados.

Por tanto y considerando que, los acusados carecieron de toda posibilidad de defensa; los cargos no aparecen acreditados en documento alguno a que esta Comisión haya tenido acceso.  Esta Comisión se ha formado la convicción que las quince ejecuciones constituyen una violación de los derechos humanos atribuible a agentes del Estado.

(Informe Rettig)  


 

Violaciones a los derechos humanos salen a flote en nuevo zarpe de la Esmeralda

El comandante en jefe de la Armada, Edmundo González, y el ministro de Defensa, Francisco Vidal, despidieron al buque y reiteraron que las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la nave son de responsabilidad personal y no involucran a la institución. Ciudadanos anunciaron manifestaciones de repudio.

El comandante en jefe de la Armada, Edmundo González, junto al ministro de Defensa, Francisco Vidal, encabezaron la ceremonia de despedida del buque escuela Esmeralda y su dotación, los que participarán en el 55 crucero de instrucción que se realizará entre el 3 de enero y el 8 de agosto de 2010.

En la ocasión, las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en este buque durante la dictadura, cuando fue un centro de detención y tortura en los primeros días de 1973, salieron a flote. El titular de Defensa insistió en señalar que las responsabilidades en relación a estos crímenes son personales y no corresponden a las instituciones ni a sus diferentes estructuras o naves.

En este sentido, el ministro Vidal reiteró que la suspensión del lanzamiento de la Regata Sudamericana 2010, más conocida como Regata Bicentenario, no se debió a una reacción por el procesamiento de ex trece uniformados en casos de torturas y secuestros a bordo del buque de la Armada, sino a un tema netamente de agenda.

Javier Rodríguez, vocero del Grupo de Amigos de Miguel Woodward, que homenajea al sacerdote detenido desparecido que estuvo presente en la Esmeralda, manifestó su rechazo a las palabras del ministro de Defensa.

“Él con este comentario ha hecho un retroceso tremendo, él sabe que las instituciones se prestaron por completo a la violación de los derechos humanos, por eso vamos a estar en el zarpe de la regata Bicentenario, cuando parte la Esmeralda, vamos a estar nuevamente ahí y vamos a hacer sentir nuestra opinión sobre el tema, pero con más rabia, porque ya sabemos la reacción que tuvo el comandante González cuando supo que sus hombres estaban siendo procesados”, aseguró Rodríguez.

Para el evento también está contemplada la realización de contramanifestaciones de organizaciones de derechos humanos y Amnistía Internacional.
El comandante en jefe de la Armada señaló que serán los tribunales quienes finalmente determinarán las responsabilidades penales, pero aseguró que son de carácter individual y no involucran a la Armada.

Consultado acerca de si se podrían negar los beneficios previsionales que tienen los funcionarios en retiro de la Armada si alguno de ellos fuera condenado por violaciones a los derechos humanos, González señaló que la opción no es posible.


EDUARDO SANCHEZ B
CHILE

MANUEL GUERRERO CEBALLOS

Triple degollamiento

Encontrándose el país bajo la vigencia del estado de sitio, el 28 de marzo de 1985 fue secuestrado en la vía pública en el sector alto de la capital Santiago NATTINO ALLENDE, publicista de militancia comunista, sin cargos conocidos dentro de esa agrupación.

                                    Al día siguiente, a tempranas horas de la mañana fue secuestrado en momentos en que llevaba a su hija al colegio Latinoamericano de Integración, José Manuel PARADA MALUENDA, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de Análisis la Vicaría de la Solidaridad.  En esa misma oportunidad fue secuestrado Manuel Leonidas GUERRERO CEBALLOS, profesor e inspector del mismo colegio, dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), quien era amigo desde hacía largos años de José Manuel Parada.

                                    En los dos operativos los secuestradores actuaron con gran disponibilidad de medios. En el caso de Santiago NATTINO señalaron a viva voz que eran policías y que detenían a la víctima por problemas económicos.  En el otro secuestro hay testigos que indican la presencia de un helicóptero en los hechos y de desvíos de tránsito en el sector. Esta acción fue cruenta ya que se le disparó a quemarropa a un profesor que intentó impedir el hecho.

                                    Relacionados con estos secuestros se encuentra el que sufrió el egresado de arquitectura Ramón Arriagada en el mes de febrero de ese año, a quien se lo interrogó precisamente sobre las actividades de Manuel GUERRERO y José PARADA. Ambos se encontraban realizando una labor de análisis de la estructura y funcionamiento del Comando Conjunto a base de la información obtenida de las confesiones de uno de sus ex‑miembros, logradas poco tiempo atrás.

                                      También se relaciona con el operativo realizado la noche del 28 de marzo a la sede de la AGECH ubicada en calle Londres 75 de la capital, local donde recibía correspondencia y mantenía una línea telefónica Santiago NATTINO y que frecuentaba Manuel GUERRERO, por su calidad de dirigente de esa agrupación.  De ese lugar fueron llevados varios profesores quienes estuvieron privados de libertad hasta el día 29, reconociendo posteriormente como su lugar de detención el cuartel de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) ubicado en calle Dieciocho, el mismo que tiempo atrás fuera usado por el Comando Conjunto bajo el nombre de "La Firma".

                                    Pese a las intensas actividades desplegadas no se tuvo noticia alguna de los secuestrados hasta el 30 de marzo de 1985 cuando son encontrados sus cuerpos degollados en el camino que une Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel.

                                    Este crimen causó honda repercusión tanto nacional como internacional, dando lugar a una extensa investigación judicial.  Autoridades del gobierno explicaron en un comienzo el crimen como consecuencia de una purga entre comunistas. Sin embargo, de los antecedentes narrados y los reunidos en la investigación judicial la Comisión ha llegado a la convicción de que Manuel GUERRERO, José PARADA y Santiago NATTINO fueron ejecutados por agentes estatales en razón de su militancia y las actividades que realizaban, en violación de sus derechos humanos.

(Informe Rettig)

Cristina Carreño Araya "Chilena" "Graciela"
Detenida-Desaparecida el 26/7/78